El Gobierno cubano avisa de que no tolerará la Marcha por el Cambio

La tensión política crece en Cuba en vísperas del 15 de noviembre, fecha en que activistas opositores organizados en torno a la plataforma Archipiélago han convocado una marcha pacífica “por el cambio”, declarada ilegal por el Gobierno, pero que sus promotores insisten en realizar en varias ciudades del país amparándose en el derecho de manifestación recogido en la Constitución. Algo sin precedentes en Cuba. Nunca antes se había pedido un permiso oficial para protestar contra el Gobierno desafiando abiertamente a las autoridades con movilizaciones en las calles, un pulso en el que cada día la cuerda se tensa más. Tras prohibir la marcha por considerarla una “provocación” con “fines desestabilizadores”, el jueves pasado la Fiscalía citó a los principales organizadores para notificarles que si salen a las calles el 15-N incurrirán en delitos como desobediencia, manifestación ilícita e instigación a delinquir, y serán juzgados con severidad. Archipiélago mantiene la convocatoria, y hasta el mismísimo presidente del Gobierno, Miguel Díaz-Canel, se refirió el domingo pasado a la marcha en una reunión del Partido Comunista de Cuba (PCC) advirtiendo que habrá cero tolerancia: “Aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar (…) cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la Revolución”.