Controversia en Mérida: Sobreseen caso de presunto fraude y falsificación de documentos

Mérida, Yucatán, 30 de enero de 2025 – La reciente resolución judicial en el caso de presunto fraude y falsificación de documentos ha generado controversia en el ámbito legal de Yucatán. La carpeta administrativa 390/2024, radicada en el Juzgado Segundo de Control, está centrada en la denuncia interpuesta por Zara Ester Rodríguez Sahui y Herbe Rodríguez Sahui el 15 de abril de 2023, en la que acusan a sus sobrinos Herbe Jesús Rodríguez Coello y Gibrán Herbe Rodríguez Coello por los delitos de fraude, falsificación de documentos y uso de documentos falsos.

Los hechos que motivaron la denuncia

Zara Ester y Herbe Rodríguez Sahui son hijos legítimos de Herbe Horacio Rodríguez Abraham, quien falleció el 11 de diciembre de 2022. Según la denuncia, el señor Rodríguez Abraham padecía serios problemas de salud desde 2010, con un diagnóstico de Alzheimer en 2014, lo que afectaba gravemente su capacidad de discernimiento. A pesar de esta condición, entre 2016 y 2020, se realizaron diversas donaciones de bienes inmuebles a favor de sus nietos. La querellante sostiene que estas operaciones fueron ejecutadas aprovechándose del estado de salud de su padre, con la complicidad de diversos notarios.

Fue hasta abril de 2023, cuando los hermanos intentaron iniciar los trámites de sucesión testamentaria, que descubrieron la existencia de transferencias irregulares de propiedades. Según la denuncia, estos trámites se realizaron sin la capacidad jurídica del fallecido y con la colaboración de los notarios José Alejandro Monsreal Rodríguez (Notaría 15), José Luis López Martín (Notaría 23) y Pedro Vicente Solís Cano (Notaría 63).

Pruebas presentadas en el proceso

La denuncia estuvo respaldada por diversas pruebas, entre ellas:
• Expediente clínico del Hospital Clínica de Mérida S.A. de C.V., que confirma el diagnóstico de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.
• Tomografía craneal de 2014, que evidencia atrofia cerebral y signos de demencia vascular.
• Recetas médicas con tratamientos específicos para la demencia.
• Dictamen pericial psiquiátrico del 5 de junio de 2023, firmado por el Dr. Raúl Alfredo Marín Moguel, en el que concluye que Rodríguez Abraham no tenía la capacidad de tomar decisiones desde 2014.
• Declaraciones clave, incluyendo la de Herbe Rodríguez Sahui, quien confirmó los hechos expuestos por su hermana.
• Peritajes grafoscópicos, los cuales determinaron que las firmas en las escrituras de donación no correspondían a Herbe Horacio Rodríguez Abraham, lo que constituiría un posible delito de falsificación de documentos.

El proceso judicial y la resolución controvertida

A partir de la denuncia, la Fiscalía General del Estado inició una investigación sobre 57 propiedades, aunque solo profundizó en 16 de ellas. Entre los bienes involucrados se encuentran predios en Mérida, Umán, Telchac Puerto y otras localidades de Yucatán.

El 23 de octubre de 2024, el Juzgado Segundo de Control vinculó a proceso a los acusados, imponiendo un periodo de dos meses de investigación complementaria, posteriormente extendido hasta el 28 de febrero de 2025. Como medida cautelar, se ordenó la colocación de brazaletes electrónicos a los imputados, aunque nunca fueron implementados debido a la falta de dispositivos reportada por las autoridades.

Sin embargo, en la audiencia del 27 de enero de 2025, se decretó el sobreseimiento total de la causa, es decir, el cierre del proceso sin llegar a juicio. Esta decisión ha sido duramente cuestionada, ya que no se presentaron pruebas nuevas que contradijeran los elementos que llevaron a la vinculación a proceso. Actualmente, la parte denunciante ha interpuesto una apelación para revertir la resolución.

Falta de investigación y omisiones en el caso

Uno de los aspectos más criticados es que la Fiscalía no investigó todas las propiedades denunciadas, ni las operaciones inmobiliarias realizadas en 2020 y 2022, cuando varias de las propiedades fueron vendidas o transferidas a terceros. La defensa de los hermanos Rodríguez Sahui sostiene que los imputados pudieron haber ocultado su participación en estas operaciones, pero la falta de investigación ha impedido esclarecer estos hechos.

Adicionalmente, en el Juzgado Sexto Familiar, dentro del juicio 507/2023, se ha reconocido la calidad de ofendida de la querellante, lo que refuerza su derecho a exigir justicia en el ámbito penal. Sin embargo, con el sobreseimiento del caso, el futuro de la investigación queda en incertidumbre, y la posibilidad de que los responsables sean sancionados se ve afectada.

Un caso que deja más preguntas que respuestas

Este caso ha generado un fuerte debate sobre la efectividad del sistema judicial en Yucatán en la persecución de delitos patrimoniales y falsificación documental. A pesar de contar con pruebas médicas, periciales y testimoniales que indican una presunta actuación ilícita, el cierre del proceso sin juicio ha dejado dudas sobre la imparcialidad y eficacia de la justicia en el estado.

Con la apelación en curso, la parte denunciante aún espera que la decisión sea revocada y que el caso avance hasta la determinación de responsabilidades. Mientras tanto, la comunidad jurídica y la opinión pública siguen atentas a la evolución de este proceso, que ha puesto en el centro del debate la capacidad del sistema judicial para garantizar justicia en casos de fraude inmobiliario y falsificación de documentos.