Congreso de Yucatán turna a comisiones propuesta de magistrados para elegir al presidente del TSJ
La iniciativa plantea que la presidencia dure cuatro años y sustituya la elección por voto popular de la reforma aprobada el año pasado.
El Congreso de Yucatán turnó a comisiones una iniciativa de reforma constitucional presentada por la totalidad de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La propuesta busca redefinir las atribuciones de los órganos judiciales, fortalecer la autonomía institucional y adecuar el sistema estatal al modelo de justicia federal.
La iniciativa ingresó formalmente a la agenda del Pleno legislativo y será analizada antes de su eventual discusión y votación.
Entre sus planteamientos principales figura que las magistraturas elijan directamente a la presidencia del TSJ mediante votación interna, para un periodo de cuatro años. Este esquema sustituiría la elección por voto popular establecida en la reforma aprobada el año pasado.
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El proyecto también plantea reconocer constitucionalmente a Mérida como sede central del Tribunal. Además, propone ampliar las facultades de sus Salas para fijar sus propias reglas de funcionamiento, estructura y administración de personal.
La propuesta delimita las competencias del TSJ, del futuro Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, con el propósito de separar las responsabilidades administrativas de las funciones jurisdiccionales.
Otro cambio contempla excluir a las magistraturas de los procedimientos de evaluación, investigación y sanción directa del Tribunal de Disciplina Judicial, aunque seguirían sujetas al régimen general de responsabilidades administrativas. También se limitarían las facultades del Órgano de Administración Judicial para intervenir en nombramientos y adscripciones de magistrados.
En materia presupuestal, la iniciativa propone que el TSJ elabore directamente su anteproyecto de recursos, separado de las proyecciones de otros organismos judiciales.
De aprobarse, dejaría sin efecto las disposiciones vigentes que establecen la elección popular de magistrados por periodos de dos años y abriría paso a un nuevo esquema de gobernanza judicial.
El análisis legislativo continuará en comisiones, mientras se aproxima la entrada en funciones del nuevo modelo de administración judicial federal, prevista para septiembre de 2027.






