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Las residencias consideran descafeinadas las medidas presentadas por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a las comunidades autónomas para hacer frente a los brotes en estos centros. Se trata de un documento técnico, con las recomendaciones de un grupo de expertos que avala que los trabajadores no vacunados sean sometidos a dos pruebas diagnósticas semanales —algo muchas comunidades ya hacen con mayor o menor frecuencia— y que se evalúe si son trasladados de puesto para que no estén en contacto con los residentes y evitar así contagios. Las cuatro grandes patronales del sector ven inviable esto último, dado que la gran mayoría de los empleados de las residencias son auxiliares y su labor es, precisamente, atender a los mayores en su día a día, por lo que es muy difícil su recolocación. Todas reclaman que la vacunación sea un requisito indispensable para poder trabajar en estos centros, y el documento insiste en la voluntariedad de esta medida. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una organización profesional, ahonda en esta idea y lamenta la “falta de compromiso” de las autoridades sanitarias con las residencias.

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